Los jueces del Tribunal Oral Federal de Catamarca, Enrique Lilljedahl, Federico Bothamley y Mario Martínez, ordenaron por fallo unánime una reparación integral de 4 millones de pesos a una mujer víctima de trata de personas que tuvo que atravesar dos instancias de juicio, ya que uno de los acusados se mantuvo prófugo por 7 años.
La sentencia del TOF es la primera que realiza una reparación integral de este tipo para una víctima de trata de explotación sexual en la Argentina fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría Oficial de Víctimas, imponiendo el pago de la suma de 4 millones en concepto de indemnización, actualizable hasta su efectivo cumplimiento. También se ordenó la inhibición general de los bienes del condenado José Eduardo Beltrame.
En su argumento la Defensoría ejercida por Mariana Vera, realizó un impecable desarrollo del derecho de las víctimas a obtener una reparación integral por todo el daño sufrido (psíquico, moral, físico, por las ganancias ilícitas que cobraban los acusados, por la imposibilidad de desplegar su proyecto de vida, el acceso a la justicia y por la revictimización a la que fue sometida en los años que duró el proceso, entre otros). En este marco es necesario mencionar que el TOF hizo lugar a la presentación de la Defensoría como querellante pese a estar fuera de término legal para hacer este tipo de acciones, atendiendo la existencia de varios fallos en el país donde se entiende que no importa ese plazo, porque las víctimas de trata antes no tenían la posibilidad de tener asistencia jurídica gratuita y en la mayoría de los casos era imposible acceder a un abogado particular.
Síntesis
El caso de trata de personas con fines de explotación sexual en una “whiskería” llamada Skorpio, ubicada en la en la localidad de Las Esquinas, La Paz, se remonta al año 2013. Allí encontraron a mujeres en completo estado de vulnerabilidad que eran obligadas a ejercer la prostitución. En un allanamiento realizado se encontraron varios elementos vinculados al hecho.
María Albarracín fue la señalada por la Justicia como coautora penalmente responsable del delito de trata de persona agravado y recibió una condena de 8 años de prisión efectiva.
José Eduardo Beltrame, dueño del prostíbulo permaneció prófugo desde el descubrimiento de la explotación hasta el año 2020 cuando fue descubierto en Córdoba, en plena pandemia, infringiendo las normas de ese entonces. El 4 de octubre pasado fue el juicio, donde lo condenaron a 6 años y se hizo lugar al pedido de “reparación”.